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Category Archives: Derecho Penal

10 meses ago Derecho Penal

Delito continuado en el Código Penal Español

Delito continuado, es como se denomina a un conjunto de actos delictivos realizados por una persona integrándose entre sí. Para considerarlos integrados, es necesario que se cumplan algunas condiciones que permitan relacionarlas como un solo delito.

Tales condiciones se analizan con respecto a la naturaleza del delito en cuanto a identidad y semejanza de los mismos. Además, como es obvio, que intervenga un sujeto imputable en un tiempo-espacio relativos entre sí.

La importancia de la aplicación de este delito es la adecuación más justa de la penas, por resultar imposible la suma aritmética de todas ellas.

En este artículo veremos cómo se da lugar a un delito continuado, cómo se califica y las consecuencias de su realización según el Código Penal Español.

Regulación

El delito continuado se rige en el artículo 74 del Código Penal. Es una estipulación aplicable cuando resulte imposible acumular las penas de todos los delitos cometidos, por suma de ellos. (El Sistema de acumulación aritmética está regulado en el art. 73 C.P.).

El artículo74.1 C. P, expresa la definición. Señalaremos los elementos del delito continuado, que posteriormente explicaremos mejor:

  1. “Quien en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, realice una pluralidad de acciones u omisiones” (Propósito criminal único o dolo unitario y pluralidad de hechos)
  2. Que ofendan a uno o varios sujetos (Lesión de un bien jurídico tutelado, afectando a uno o más sujetos pasivos).
  3. Infrinjan el mismo precepto penal o preceptos de igual o semejante naturaleza (Conducta antijurídica, es decir, violación de normas idénticas o similares)
  4. Será castigado como autor de un delito o falta continuados con la pena señalada para la infracción más grave (Penalización unitaria)

Se impondrá en su mitad superior, pudiendo llegar hasta la mitad inferior de la pena superior en grado. (Descripción del cálculo concreto de la pena)

En el resto del artículo 74 se señalan cuáles serán las penas dependiendo la naturaleza del delito y si resulta o no aplicable el delito continuado.

El 74.2, por ejemplo, resaltan las penas aplicables en caso de infracciones contra el patrimonio:

“La pena superior en uno o dos grados, en la extensión que estime conveniente…”

EL 74.3. Señala como excepciones “las ofensas a bienes eminentemente personales, salvo las constitutivas de infracciones contra el honor y la libertad e indemnidad sexuales que afecten al mismo sujeto pasivo.

En estos casos, se atenderá a la naturaleza del hecho y del precepto infringido para aplicar o no la continuidad delictiva”.

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¿Cómo surge el delito continuado?

Según la doctrina, un delito continuado se constituye cuando confluyen las siguientes características:

  1. Homogeneidad jurídica
  2. Unidad del propósito criminal
  3. Pluralidad de Acciones

 

La homogeneidad jurídica se refiere a que los delitos cometidos, deben ser iguales o de naturaleza semejante.

Por ejemplo: Un sujeto toma hurtadas las farolas de su vecino, que queda a dos casas. Luego, hace lo mismo con 4 vecinos más, cometiendo el mismo delito de hurto.

Más tarde, cuando iba a hacerlo por sexta vez, se encontró con el dueño de la casa, al cual roba las farolas y un gnomo de patio, por la fuerza.

Vemos que si bien los primeros actos fueron delitos de hurto, el último es un robo. Jurídicamente tienen la distinción del uso de la fuerza, pero su naturaleza es clara: un daño al patrimonio ajeno.

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Unidad del propósito criminal: este elemento viene dado por la finalidad que tiene el actor al cometer los crímenes. Deben estar alineados entre sí al mismo objetivo. Por ejemplo: Alguien roba un coche y lo emplea para asaltar personas.

 

Pluralidad de acciones: El “delito continuado” comienza con un acto delictivo, progresivamente ejecutando otros, actos empleándose de diversas conductas tipificadas. Además, estas se realizan en un espacio y tiempo determinados que les enlaza.

Criterios de definición jurisprudencial

  1. Es una pluralidad de acciones que suponen una pluralidad de delitos.
  2. Los delitos son concurrentes en una serie de circunstancias, constituyendo “una sola acción punible”.
  3. Es resultado de la voluntad única del autor, quien actúa con un “dolo unitario, no renovado” en cada acción delictiva.

Todo ello de acuerdo a la Sentencia del Tribunal Supremo 623/2006, de 1 de junio.

Finalidad

Básicamente, con el delito continuado se quiere alcanzar la justa y posible retribución que merece quien ha cometido actos delictivos. Por muchos diversos que sean los delitos, en algunos casos resulta absurdo aplicar las penas de todos ellos.

Por esto mismo, se busca un equilibrio y proporcionalidad a través de la integración de los delitos cometidos, aplicando una pena adecuada y posible. De forma que el resultado de la pena no sea en modo alguna exagerada y de absurdo cumplimiento.

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Teorías de aplicación del delito continuado

  • Teoría Objetiva: Se centra en los actos delictivos. Que sean iguales o semejantes entre sí, afectando el mismo “objeto jurídico tutelado”
  • Teoría Subjetiva: Analiza la voluntad del autor de realizar los actos. La motivación que unifica la realización de los delitos como un conjunto integrado, un proyecto criminal.
  • Teoría Mixta: Defiende la necesidad de observar ambos aspectos, objetivo y subjetivo, visualizando la conexidad de los actos realizados. Analiza la llamada “dinámica delictiva”.

Requisitos de calificación del delito continuado

Si bien anteriormente hemos mencionado arriba los esenciales, expondremos según la jurisprudencia cuales son los desarrollados un poco más detalladamente.

Según Sentencias del Tribunal Supremo 367/2006, de 22 de marzo y 523 y 1253 de 2004:

Debe tratarse del mismo sujeto activo quien realiza el delito continuado.

  1. Debe existir una pluralidad de hechos diferenciados que no se resuelvan por Tribunales separados. (Deben someterse al mismo Tribunal).
  2.  Resalta la homogeneidad del “modus operandi”. El actor hace empleo de métodos, técnicas e instrumentos similares valiéndose de ellos en cada acto.
  3.  Se identifica la concurrencia de un dolo unitario. Un único propósito criminal, identificable en todos los delitos como partes de un todo. Es la existencia de resolución que tiene el autor de alcanzar un proyecto.

Si bien puede tener objetivos específicos, se destaca el general que los une y complementa.

  1. Las coordenadas espacio-tiempo en que se realizan los delitos son similares, cercanas, relativas.
  2. Identidad o semejanza en la transgresión de la norma. Los actos responden a una misma tipificación o son semejantes, lesionando el mismo bien jurídico.

Flexibilidad de la Jurisprudencia

Los requisitos antes descritos, han sido flexibilizados por el Tribunal Supremo de la siguiente manera:

Lo fundamental para la calificación del delito continuado es la existencia de identidad de objeto material y medios delictivos.

Así, las condiciones circunstanciales derivadas de ello, quedan en un plano de menor relevancia.

Resalta la importancia de interpretar las concurrencias de delitos a miras de favorecimiento del acusado.  (Aplicación del Principio “in dubio pro reo”).

 

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Consecuencias

Cuando se califica un conjunto de hechos como delito continuado, incide en distintos órdenes:

El Orden sustantivo:

Sólo resulta aplicable en los delitos dolosos, es decir, voluntarios no “culposos”.

Se incluyen también las infracciones aunque varíen su grado de consumación. Por ejemplo, se haya producido dos actos de hurto, uno consumado y otro no.

Orden punitivo:

El conjunto de actos resultan en una consecuencia penal unitaria: la pena del delito continuado.

¿Cuál pena? Es la correspondiente a la mitad superior, como mínimo y pena en grado superior como máximo

De Orden Procesal:

Su aplicación incluye solamente los delitos o infracciones que no hayan sido sometidas a juicios anteriormente.

Prescripción: comienza a contarse el lapso desde la última acción delictiva.

 

Opiniones en contra del delito continuado:

  • Algunos consideran que no debería ser aplicado el delito continuado, porque afirman que no siempre son coincidentes los delitos en cuanto a sus finalidades.
  • Además, afirman que puede resultar agravante para el autor, en algunos casos sin necesidad, por aplicación de subtipos.
  • Incluso solicitan que se extinga la estipulación por la inseguridad jurídica que puede causar.
  • Sin embargo, esto no es del todo cierto, porque también dependerá del enfoque e interpretación que haga el juez, por ejemplo, usando el criterio “pro reo”, pueda limitarse la pena y adecuarla, cumpliendo el fin de ajusticiar adecuada y proporcionalmente.

Conclusión:

En el Código Penal se ha incluido el delito continuado con la razón de sentenciar equilibradamente a un sujeto que ha cometido varios actos, que por sus medios y fines, resultan integrables y considerables como un solo delito. Resultando a su vez, en una sola pena.

10 meses ago Derecho Penal

Tipos de penas privativas de libertad

Las penas privativas de libertad son las que, como su nombre indica, van dirigidas a restringir la libertad de una persona. Tan sencillo como eso. Sin embargo, por afectar directamente a la persona, merece de un estudio profundo y detenida consideración para su procedencia.

Las penas privativas de libertad son resultado de una decisión judicial previa considerando la necesidad de su ejecución.

El proceso penal, gira entorno al individuo acusado, el supuesto hecho criminal o delictivo y la posible víctima. Teniendo lo más claro posible los hechos el juez podrá dictar una pena privativa de libertad conforme a derecho.

Historia

Desde tiempos antiguos se conoce a las penas privativas de libertad, como consecuencia más clásica de cometer un delito. La prisión ha sido, la pena por excelencia del derecho criminal o penal. Discutiéndose su eficacia en muchos casos y comparativa con la pena de muerte.

Nos queda claro, de acuerdo a la historia y la experiencia en datos actuales, que la prisión es la condena mayormente aplicada en el mundo.

En teoría, la figura de la prisión ha variado en busca de un tratamiento más humano y “digno”. En la práctica, hasta cierto punto ha sido una realidad y sobre todo en países desarrollados. Puede observarse cierta calidad de vida en los reos, procurando el fin último de rehabilitar y reinsertarles en la sociedad.

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Garantías

Como es de saber, la libertad es un derecho primordial, considerado Derecho Humano, Fundamental, y Constitucional. Por ello, todo Estado constitucionalizado debe encargarse de proteger al mismo mediante garantías suficiente. Tal como la establecida en el artículo 25 de nuestra Constitución, donde se reserva el establecimiento de restricciones por vía legislativa. Jamás meramente Administrativas.

Para proceder cualquier pena privativa de libertad se deberá resguardar el debido proceso. También se deben respetar todas las prerrogativas de la dignidad humana como el principio de presunción de inocencia.

Las penas privativas de libertad siempre deberán ser proporcionales (como toda pena) al hecho delictivo que se imputa.

Los Tipos de penas privativas de libertad

Regulación

En el ordenamiento jurídico español, se encuentra regulada la clasificación del Código Penal Español artículo 35 C.P.

Reformado según la Ley Orgánica 1/2015 (en vigor desde el 1.07.2015) que añade la prisión permanente revisable, se clasifican en:

1. La prisión permanente revisable.

En esta nueva clase de pena privativa de libertad, se toma en consideración una evaluación personalizada al reo. La evaluación, sin embargo, tiene unos requisitos previos que consisten en el transcurso de un lapso de 25 a 35 años, dependiendo del criterio del juez. Una vez transcurrido el lapso, se procede a la observación y análisis mediante un pronóstico de reinserción. De resultar positivo, como es obvio, el reo será puesto en libertad, caso contrario, si resulta en resultados negativos.

2. La prisión

Es la clásica restricción del derecho de libertad ambulante de la persona que ha incurrido en conducta delictiva. Es privar el desplazamiento a la persona, manteniéndole recluido en un recinto destinado a tal actividad. Ahí, en teoría, podrá cumplir la condena como consecuencia de sus actos, de los cuales se ha de responsabilizar.

El cómputo

Hay estipulaciones donde se establecen los días de la pena, desde el momento que quede la sentencia firme.

Existen sin embargo, discusiones sobre el cómputo de la pena y si debe contarse el tiempo que se ha privado al reo antes de la condena. Conocido como el abono de la prisión preventiva, es tomar en cuenta el tiempo que se mantiene al detenido provisionalmente.

El tiempo se “abona” por el Juez o tribunal sumándose al cumplimiento de la pena o penas que en la misma causa del proceso sean dictadas.

La duración

Según el Código Penal, el mínimo de la pena de prisión es de tres meses y máximo de veinte años.

Salvo lo que excepcionalmente dispongan otros preceptos del Código Penal (apartado 2 del Art. 36 ,Código Penal).

También se debe tener en cuenta lo dispuesto en el Art. 76, Código Penal:

3. Localización permanente (arresto domiciliario).

Regulación: Artículo 33 del Código Penal Español.

¿Qué es?

Esta pena privativa de libertad es usualmente empleada en las personas que cometen un delito de menor gravedad. Que si bien tales, “merecen” restricción, es menor su gravedad con relación a otros delitos.

Por ello, a consideración del juez, se asigna el cumplimiento de la pena en una zona como bien puede ser el domicilio personal del arrestado, u otro domicilio que bien cumpla las características adecuadas de supervisión.

Duración

La localización permanente (o arresto domiciliar) tiene una duración de hasta seis meses. (Según el Art. 37 del Código Penal)

 

Arrestos en Fin de semana

Es posible para le juez determinar que el cumplimiento de la condena se limite a los fines de semana. Esto procede siempre y cuando:

  1. La pena de localización permanente sea la principal.
  2. Lo permitan las normas del caso concreto.

También lo puede solicitar el reo. Igualmente, si las normas y circunstancias son adecuadas a ello.

Estas modalidades se basan en las anteriores disposiciones del Código Penal, donde se establecía dicho arresto.

Instrumentos de localización

Para mantener, precisamente “localizado” al reo, el juez o el tribunal, considerarán y acordarán el uso de instrumentos. Estos pueden ser tanto de naturaleza electrónica como mecánica, todo ello con la finalidad del adecuado control.

Estos medios, serán analizados con regularidad para estar al tanto del cumplimiento de la pena.

Fraccionamiento del tiempo

Está permitido el cumplimiento de la pena en diferentes fracciones de tiempo.

Si se da el caso, de incumplimiento de los plazos, estos se posponen para su cumplimiento pleno.

Incumplimiento

Si no se cumple la localización permanente, por ejemplo, la persona sale y no regresa cuando es debido, puede procederse a interponerle la pena de prisión.

Sin embargo, será necesario hacer observancia a los testimonios de acuerdo al artículo 468.

Acumulación de penas de prisión.

En caso de ser procedente una pena de prisión aparte, se le otorga prioridad a esta. Posteriormente se considerará el cumplimiento de la pena de localización permanente.

La responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa.

 Se encuentra regulada en el artículo 35 del Código Penal, clasificándose dentro de las penas privativas de libertad.

Consiste en la conversión de las cuotas de multa no pagadas, donde cada 2 cuotas diarias insatisfechas equivalen a un día de pena privativa de libertad. (Artículo 53. Código Penal)

También es conocida como arresto de sustitución. Se utiliza en los casos donde la persona le resulta imposible pagar sus multas parcial o totalmente, por patrimonio insuficiente. O también por el hecho de haberse agotado la posibilidad de pago. (Contemplados en Art. 50, Art. 51 Código Penal.)

Como no tiene el recurso para responsabilizarse, o se le han agotado las vías para hacerlo, se considera la sustitución.

Duración

Claro, la gravedad o duración de la privativa será acorde y proporcional a la gravedad de la multa o impago. Además, no podrá superar la duración de un año.

Alternativas

Existe la posibilidad para el deudor, de prestar servicios de trabajo en beneficio de la comunidad.

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Si es un delito leve, se puede sustituir por la localización permanente (O arresto domiciliario)

No hay vuelta atrás a la sustitución

Está establecido que una vez sustituida la pena ya no hay vuelta atrás. Pese a la mejora de la situación económica del culpable. (Art. 53 ,Código Penal)

Penas accesorias

En las penas privativas de libertad menores a diez años, el juez o tribunal impondrán penas accesorias. Para ello, observarán a su vez la gravedad del delito.

  • Suspensión de empleo o cargo público.
  • Inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
  • Inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión, oficio, industria, comercio, ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento o cualquier otro derecho, la privación de la patria potestad, si estos derechos hubieran tenido relación directa con el delito cometido, debiendo determinarse expresamente en la sentencia esta vinculación.

Importante:

Es necesario saber que estas penas son de relevancia en la cancelación de antecedentes penales, precisamente por considerarse “penas”. Debe terminarse su plazos correspondientes para quedar libre de ellos.

10 meses ago Derecho Penal

¿Qué es el Periculum in Mora?

Periculum in mora se traduce del latín al “peligro en la mora”, o demora procesal. La expresión en sí refiere a una circunstancia de riesgo sobre los bienes en un proceso. Bien puede ser porque el derecho refiera a un bien (cosa) tenga riesgo de pérdida o deterioro, o la persona misma se encuentre amenazada en afecto de sus bienes.

En la ley se procura evitar el incumplimiento de la prestación, garantizando la misma a través de medida cautelar. Así, sean activadas tales medidas en vista del periculum in mora, como un prerrequisito que las justifica.

En este artículo te explicamos cuáles son sus características y cómo se acredita este supuesto.

Regulación

La periculum in mora se encuentra estipulada en el artículo 728 de nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil. Ubicándose en el Título regulador de las medidas cautelares, expresa lo siguiente:

 “Solo podrán acordarse medidas cautelares si quien las solicita justifica, que, en el caso de que se trate, podrían producirse durante la pendencia del proceso, de no adoptarse las medidas solicitadas, situaciones que impidieren o dificultaren la efectividad de la tutela que pudiere otorgarse en una eventual sentencia estimatoria”.

  • Es observable en el artículo, que funciona como un requisito previo a la medida cautelar.
  • Debe ser acreditada por la justa valoración de encontrarse en peligro cierto el bien que es objeto de la prestación.
  • Debe analizarse si, en efecto, el resguardo del bien depende de la aplicación de medida cautelar.

Protección concreta

Según el auto de Audiencia provincial de Madrid 8 de junio de 2006, el periculum in mora es “la posible frustración del proceso por el tiempo que transcurre hasta la resolución del mismo”

La finalidad de calificar el periculum in mora es la de eliminar tal riesgo, a través de una ejecución de medida. En todo caso se protege concretamente el patrimonio del deudor. Con miras al aseguramiento de que la prestación sea hecha en la futura sentencia. Pues ¿con qué pagará el deudor si sus bienes le son “arrebatados” o “extraviados”?

 

 

Importancia del periculum in mora

Su existencia justifica y desencadena una mayor efectividad procesal. Funciona como un botón de emergencia casi incapaz de contradecir. Puede funcionar en conjunto con el fumus boni iuris, para una base más sólida a la hora de solicitar la medida cautelar preventiva.

Se considera la existencia de riesgo como requisito esencial de la adopción de la medida.

Según la sentencia del Tribunal Constitucional de 29 abril 1993.

“El requisito más importante para que una medida cautelar sea adoptada, es que exista un riesgo real de que, mientras se sustancia el proceso de declaración el demandado pueda intentar maniobras fraudulentas que pongan en peligro o hagan imposible una futura ejecución -periculum in mora”.

Incluso, tampoco es excluyente para las medidas cautelares contempladas en el artículo 39 del Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968.

Según la jurisprudencia, no es necesario someter las medidas a un juicio de convalidación. De manera que no se necesita hacer depender tales medidas de la necesidad por el peligro de la demora, aunque así lo exigiera la lex fori (ley del Estado).

El tribunal aclara que en estos casos, y durante esta fase del procedimiento, las medidas cautelares serán preventivas. (De carácter asegurativo) Y no ejecutivas.

Es necesaria la instancia de la parte solicitante.

Cuando se dan los supuestos de periculum in mora, no es necesaria la alegación ni prueba del fumus boni iuris (según la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de septiembre de 2006).

Carácter del periculum in mora

Según se observe y estudie, el supuesto de periculum in mora tiene un doble carácter valorable por el Juez ante el cual se lleve el caso.

 a) Sentido objetivo.

Tiene su observancia en la finalidad de la determinación del supuesto, para proceder la protección de medida cautelar preventiva.

Se considera la función del procedimiento como garantía indispensable para el cumplimiento de la prestación. Así lograr la conservación del patrimonio durante el tiempo que sea necesario tal resguardo.

Es decir, desde la presencia del riesgo incluso, hasta el final del proceso, que es cuando se decidirá la ejecución de los bienes, o por el contrario, la liberación de los mismos.

b) Sentido subjetivo.

Se traduce en la consideración del caso concreto del sujeto implicado en cuestión.

El objetivo inmediato es la conservación del patrimonio íntegro del deudor. Y el final, o mediato, prevenir la inejecución de la sentencia.

El “periculum in mora”, según el artículo 728.1º LEC, significa la existencia de un riesgo de transformación de la situación fáctica sobre la que deba recaer la resolución a adoptar en el proceso principal, que determine su posible inejecución, ya sea total o parcial” (auto Audiencia Provincial de Barcelona 18 julio 2006).

Acreditación

¿Cómo pruebo la existencia de la periculum in mora?

  1. La carga de la prueba, la tiene el solicitante que la alega. Según el artículo de la ley de Enjuiciamiento Civil, en su artículo 728, es el afectado acreedor, o sujeto activo del proceso quien tiene el deber de justificar. Debe demostrar el riesgo existente sobre los bienes del deudor.
  2. Tal prueba no necesita ser plena, pero debe encontrarse en alegatos cierta solidez para fundamentar la adopción de la medida cautelar.

“El periculum in mora no se presume ni se sobreentiende, es obligación de quien pide la medida cautelar afirmar y probar la existencia del mismo.” (Auto Audiencia Provincial Barcelona 9 mayo 2007).

  1. El riesgo que se alegue debe ser concreto basándose en un posible hecho determinado. Esto, dado que no se considera suficiente la simple creencia de una amenaza latente.

¿Por qué? Obviamente hay casos donde por la urgencia de la necesidad, como acreedor y en  pleno derecho de reclamo puedes sentirte inseguro. Sin embargo, tal inseguridad no debe ser fundada en un temor abstracto.

Peligro concreto Según auto Audiencia Provincial Madrid 24 julio 2006.

 “peligro concreto ad causam por las circunstancias tanto objetivas como subjetivas que rodeen la situación material controvertida.”

  1. El peligro debe ser correspondiente en el tiempo en que se encuentra el proceso en curso.
  2. El peligro que se alega debe producir congruentemente el efecto de inejecución de la sentencia en caso de ser estimatoria.

10 meses ago Derecho Penal

Exceptio veritatis ¿qué es?

La exceptio veritatis es una expresión traída del latín, basada en el derecho antiguo, que significa “prueba de la verdad”.

Concretamente refiere a la oportunidad que tiene un sujeto activo, excepcionalmente (exceptio) para demostrar la verdad (veritatis) de los hechos. Así, quedando penalmente exento del delito de injuria o calumnia.

Tiene trascendencia sobre todo en el derecho penal. Siendo aplicada en casos de injurias y calumnias, funcionando en exclusiones a la penalidad objetiva del sujeto acusado. En menor medida, es posible encontrar aplicación en el derecho civil respecto a la publicidad de información en los medios.

Fundamento de la Exceptio Veritatis

La exceptio veritatis tiene su fundamento principal en el interés del Estado de la persecución y castigo de los delitos.

Encontrándose en el artículo 207 del Código Penal, que reza lo siguiente:

 “El acusado por delito de calumnia quedará exento de toda pena probando el hecho criminal que hubiere imputado”.

Además, nuestro Tribunal Supremo sentenció el 14 de febrero de 2001 sobre la carga de la prueba, residiendo en el sujeto acusador, sin perjuicio de ser apoyado por otros organismos, para la práctica de medios probatorios.

Derechos en juego

Podemos afirmar que al tratarse de un caso de exeptio veritatis entran en juego el resguardo del honor y dignidad de las personas.

Como verás, si una persona afirma el delito cometido por otra, aún si no lo hace de manera irrespetuosa puede considerarse manchado el honor de su acusado.

El derecho rechaza este tipo de comportamientos, incluso de ser ciertas las afirmaciones. Busca que la información personal sea resguardada en la medida de lo posible. Pues de revelar tales hechos se perjudica en gran manera la dignidad de la persona.

La exceptio veritatis puede actuar como arma de doble filo. Puede ser usada como una defensa para el acusador, que asegura la verdad de su acusación. Al demostrar tal verdad, entonces quedaría libre de toda pena, y se incriminaría según el caso, al acusado por él, del delito cometido.

Pero también puede incriminarse al acusador cuando:

  • Sea un caso donde no aplique la exceptio veritatis.
  • Cuando resultan ser falsas las afirmaciones del acusador.

Claro, el derecho constitucional garantiza en estas situaciones, el derecho de presunción de inocencia tanto de quien es acusado, como quien acusa. De tal manera que aunque sea falsa o no pueda el acusador demostrar la verdad de su afirmación no queda inmediatamente desprotegido.

El acusador, ahora acusado bien puede alegar el desconocimiento de la falsedad de la imputación. De esta manera  se justificaría por no haber actuado “con temerario desprecio a la verdad. Luego, se ha de seguir un debido proceso donde se evalúen tales supuestos.

Conflicto entre la libertad de Expresión, Derecho a la Información y el Honor

Cuando una persona afirma hechos injuriosos o calumniadores sobre otra, se crean controversias en torno a varios derechos.  La colisión se presenta así:

  •  La libertad de expresión (informador/acusador)
  • El derecho a la información (del informador y de la ciudadanía en general)
  • Los derechos al honor, intimidad. (del sujeto acusado)

¿Por qué? Si bien el Estado debe garantizar cada uno de estos derechos, como se ha visto, para esta entidad protectora y garante interesa sobremanera resguardar primeramente el bienestar general de sus ciudadanos, sin descuidar del todo la dignidad de cada uno.

Así, el Estado aprueba que los medios de comunicación funcionen verazmente.

Que publiquen información siempre que la misma sea en su máxima posibilidad, verídica (comprobada) correctamente el informador. Al Estado le importa saber que sus ciudadanos mantengan el ejercicio de sus derechos, pero debe cuidar que no se genere un abuso inadecuado, y a su vez tal, genere un caos por engaños.

Por ello, se ha establecido en la Constitución que se extiende la protección garantista a aquellas personas que habiendo hecho lo posible por comprobar los hechos, los comunican, resultado ser erróneos.

¿Cómo comprueba los hechos?

Investigando y ahondando lo más posible en ello. Esto se encuentra estipulado en el artículo 20.1 d) de la Constitución Española.

Expresando que el informador “tiene un especial deber de comprobar la veracidad de los hechos que expone mediante las oportunas averiguaciones y empleando la diligencia exigible.”

Como puedes ver, estas estipulaciones exigen un buen trabajo para el informador. Pero no le martillan ser un perfecto dios de la información. Por ello explica lo siguiente:

 “Cabe que, pese a ello, la información resulte inexacta o errónea, lo que no puede excluirse totalmente, pero la “información rectamente obtenida y difundida es digna de protección, aunque su total exactitud sea controvertible o se incurra en errores circunstanciales que no afecten a la esencia de lo informado” Es obvio, porque siempre le interesará al Estado saber la verdad de los hechos, aunque tengan fallos, bien luego pueden ser subsanados.

Lo más importante en estos casos, es la evaluación de la intención y profesionalidad del informador, pues si solo se mueve a contar la historia sin más, probablemente no sea un buen informador y las consecuencias le cuesten más caro que su “chisme”.

En el Derecho Civil

La exceptio veritatis resulta inaplicable en el ámbito civil cuando se hace evidente la lesión del derecho al honor y la intimidad personal. (Ley Órganica 1/1982 de Protección del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen)

En nuestra legislación no existen exclusiones que permitan el ataque de estos derechos. Se entiende su preservación bajo la justificación de la propia naturaleza de los hechos en cuestión. Se afirma la necesidad de mantener la privacidad entonces, y se protege en consecuencia los hechos independientemente de la veracidad o falsedad.

No debe malentenderse que de ser cierto el delito, se mantendrá oculto y mucho menos no será investigado. Lo que realmente significa es que al Estado le importa mantener el honor e intimidad de las familias y de los individuos. No significa que pasará por alto el hecho, en todo caso mantiene la responsabilidad de investigación, esclarecimiento de los hechos para la debida justicia.

¿Cuándo aplica la Exceptio Veritatis?

El ámbito de aplicación de la exceptio veritatis son principalmente dos:

  1. Injuria de particulares.

 Como regla general, no es aplicable la exceptio veritatis. Se debe a lo anteriormente explicado: no se permite el ataque a los derechos del honor e intimidad de las familias. Excepcionalmente puede un informador de medios de publicidad acogerse a la protección del artículo 20.1 d) de la Constitución Española.

  1. Injuria de Funcionarios Públicos.

Es aplicable. Siempre que la injuria se refiera a hechos concretos relativos al ejercicio de sus cargos, o la comisión de faltas penales, o infracciones administrativas y no sobre juicios de valor. (Según el artículo 210 del Código Penal).

Efectos de la Exceptio Veritatis

  • Inversión de la carga probatoria al sujeto activo (acusador). Sin embargo, no limita el apoyo a los demás órganos de justiciales e incluso particulares para su colaboración en la búsqueda de la verdad.

Aunque el sujeto activo tenga la obligación de mostrar la veracidad de su afirmación, se permite recibir colaboraciones. Por ejemplo, si esta se confirma por otros medios, incluso ajenos a los órganos de justicia. Se generaría el mismo efecto.

  • De ser cierto el hecho, la exención o absolución de la pena para el sujeto activo de injuria o calumnia.
  • De ser falso, se imputa el delito por injuria o calumnia al acusador.

Conclusión

La exceptio veritatis es un recurso útil, sobre todo para quien desea protegerse una vez ha levantado la voz para afirmar un hecho sobre otro. Claro, una vez afirmado el hecho, debe probarse, como todo en el derecho.

Por otro lado, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla de 14 de junio de 1996 menciona lo siguiente:

  • Siempre habrá que analizar si el hecho declarado, representa un delito o constituye una infracción criminal.
  • Analizar la expresión del sujeto acusador, determinando si puede considerarse una auténtica injuria o calumnia.
  • Analizar si se ha levantado la afirmación basado en un conocimiento razonado o en total desprecio de la verdad.

Es muy importante dar observancia a estos detalles, pues de ello podría depender quedar exento de pena por exceptio veritatis o no.

10 meses ago Derecho Penal

¿Qué es el Fumus Boni Iuris?: historia, características

En el ámbito jurídico se configura fumus bonis iuris, expresión del latín que significa presunción de buen derecho, cuando se solicita en medio de un juicio la protección cautelar de un derecho que evidencia conformidad a la ley, es decir que su apariencia hace presumir buen derecho, evitando así un estudio profundo y detallado del thema decidendum (tema a decidir) o cuestión de fondo hasta el final del juicio.

Las medidas cautelares (que aseguran el derecho a la tutela cautelar de una decisión) se solicitan para prevenir un perjuicio irreparable a resultas del juicio, y son de obligatorio cumplimiento para el juez.

La expresión fumus bonis iuris hace referencia a una facultad discrecional y valoración subjetiva del juez acerca de la apariencia de un caso, previendo sólidas probabilidades de que el solicitante de la medida cautelar, será beneficiado por la resolución judicial definitiva al finalizar el enjuiciamiento.

El fumus bonis iuris es el primer requisito que el juez revisa cuando debe dictaminar una protección cautelar, ya que refiere a la verosimilitud del derecho invocado.

Junto con el “periculum in mora“, el fumus bonis iuris constituye un requisito de procedencia necesario para otorgar el amparo cautelar en un proceso civil. El primero (“peligros en la demora”) preveé daños que pudieren derivar de demoras en el proceso, y el segundo protege al demandante por su aparente conformidad a derecho.

Las medidas cautelares no tienen autonomía en sí mismas, ni un fin independiente del proceso que pretenden garantizar, ya que van unidas indisolublemente al buen fin del procedimiento.

Repaso histórico

Las medidas cautelares han sido una de las grandes conquistas de la lucha contra las inmunidades del poder.

Tras el avance otorgado por la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa de 1998, la apariencia de buen derecho o fumus boni iuris quedó relegado a supuestos tasados por la jurispruencia.

Esto para evitar el exceso de que en un breve, simple y desequilibrado incidente cautelar un auto judicial pudiese prejuzgar el fondo del asunto.

Según ANTONIO BUENO ARMIJO Y MANUEL A. RODRÍGUEZ PORTUGUÉS, en el capítulo  EL FUMUS BONI IURIS COMO CRITERIO Revista de Administración Pública
ISSN: 0034-7639, núm. 172, Madrid, enero-abril (2007), pag. 242

En este sentido, y como unánimemente han reconocido la jurisprudencia y la doctrina, el principio del fumus boni iuris tiene su origen en el Derecho comunitario europeo, de donde se traslada al ordenamiento español.

Así pues, parece conveniente observar cómo funcionan los criterios del periculum in mora y del fumus boni iuris en el modelo comunitario de justicia cautelar antes de hacer una traslación de los mismos al sistema español.

Características del Fumus Boni Iuris

  •  Al fumus boni iuris se refiere el artículo 728.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
  • Exige que el solicitante de medidas cautelares presente los datos, argumentos y justificantes documentales que conduzcan a fundar un juicio provisional e indiciario favorable al fundamento de su pretensión.
  • Consiste en la valoración por parte del juez o Tribunal de los indicios, elementos o circunstancias que rodean la fundamentación de la medida cautelar.
  • responden a la necesidad de asegurar que el conflicto que han de resolver los órganos jurisdiccionales pueda ser resuelto con normalidad.
  • Lo normal es que las medidas cautelares se soliciten en el momento inicial del proceso, y por tanto sea en este momento en el que haya de examinarse por el Juez o Tribunal competente la concurrencia del fumus boni iuris.
  • La apariencia de buen derecho se encuentra ligada con la pretensión principal de la parte solicitante.

10 meses ago Derecho Penal

Todo sobre el Delito de Malversación

El delito de malversación es un término jurídico que proviene del latín “male-versatio”, lo cual significa textualmente “mala inversión”.

En el ámbito del derecho, se refiere a las conductas o acciones en contra de lo legal que realiza una autoridad o funcionario público al apropiarse de fondos públicos para destinarlos a otro tipo de actividad para la cual no estaban planificados.

Es también conocido como “desfalco”, un fraude financiero que puede ser privado o público. Además va en contra de las buenas costumbres.

El primero ocurre entre un empleado y su patrón, o entre socios. El segundo, cuando se involucra el patrimonio público.

Con el fin de ampliar tus conocimientos en el área, a continuación definiremos algunas características básicas relacionadas a este término.

Ver también: Derecho Penal Subjetivo

Tipos de malversación

Existen dos formas para clasificar el delito de malversación: por su propósito y por el sujeto, pero siempre existiendo esa conducta fraudulenta.

Todo sobre le Delito de malversación

De acuerdo su conducta

1. Por conducta de apropiación: el sujeto activo, quien funge como autoridad o funcionario, gestiona recursos de carácter público y se apropia de ellos para integrarlos a su patrimonio personal, con el fin de satisfacer sus intereses. Atenta contra alguna institución pública también. 

Según el artículo 432 del Código Penal Español, quien cometa este delito incurrirá en una pena de prisión de 3 a 6 años, y una inhabilitación absoluta de 6 a 10 años.

Ver también: Delitos de lesiones: qué son, tipos y penas

2. Por conducta de distracción: el sujeto activo no sustrae los recursos del estado, pero los desvía para un fin diferente al que estaban destinados, yendo en contra de lo legal.

Según el artículo 433 del Código Penal Español, quien cometa este delito incurrirá en una pena de multa de 6 a 12 meses, y una suspensión de su empleo o cargo de 6 meses a 3 años.

De acuerdo al sujeto:

1. Malversación propia: cuando el delito de malversación recae sobre el patrimonio público y es realizado por un funcionario.

Se distinguen en esta clasificación las conductas de administración desleal, apropiación indebida y desviación y sustracción de los fondos públicos.

Ver también: Delitos contra el honor

2. Malversación impropia: cuando el delito no se relaciona con el patrimonio de una arca pública directamente ni el sujeto activo tiene un cargo similar.

En este tipo, el delito puede cometerlo un particular, no necesariamente debe tener una autoridad o ser funcionario público.

Sin embargo, sí puede existir alguna vinculación con bienes públicos. Entonces, ¿en qué casos se puede incurrir en este tipo de delito?

  • Si un particular esté encargado de los fondos o rentas de instituciones de administración pública.
  • Cuando esté designado como receptor o depositario independiente de fondos del estado.
  • En caso de que administre o deposite dinero o bienes embargados por una autoridad o ente público, aunque pertenezcan a un particular.

Delito de malversación

Delito de malversación según el Código Penal Español

Este delito está regulado en el Título XIX del Libro II, relacionado con los delitos contra la Administración Pública, Capítulo VII, desde el artículo 432 al 435.

En ellos, se expresan las conductas, los sujetos activos y las penas relacionadas a esta acción, las cuales se dividen de la siguiente forma:

Subtipo atenuado: cuando el valor de lo sustraído es menor a 4.000 euros, se otorgará una multa de 2 a 4 meses, prisión entre 6 meses y 3 años, suspensión del empleo y/o cargo por 3 años.

Subtipo agravado: prisión de 4 a 8 años e inhabilitación absoluta de 10 a 20 años cuando:

  • El valor de lo sustraído supere la cantidad anterior.
  • Se produzca un entorpecimiento en el servicio público.
  • El objeto malversado sea declarado como un bien artístico o histórico.
  • Los fondos tenían como propósito resolver algún problema de carácter público.

Conclusión

En definitiva, cuando hablamos de diferentes delitos y penas, no podemos dejar de mencionar este tipo de delito ubicado en el artículo 432. Todo caso relacionado a ello debe ser tramitado con un abogado de confianza.

En el derecho penal, esta pena puede ser mal vista porque pareciera ser un poco alta. Sin embargo, en el derecho penal existan varios elementos que van en pro de la justicia y lo legal y en contra de la injusticia.

 

11 meses ago Derecho Penal

Derecho Penal Subjetivo

El Derecho Penal en sí, es una creación normativa, que sirve para la aplicación de medidas coercitivas, -es decir, de fuerza-, hacia la persona que infringe la ley y orden público. Dentro del Derecho Penal podemos ver que está el Derecho Penal Objetivo y el Derecho Penal Subjetivo.

Estas normas, por supuesto, se dictan en pro del debido resguardo y mantenimiento de tal orden y bienestar social, procurando a su vez, incentivar en las sociedades tanto el respeto a los valores humanos, como a lo normado en su protección.

Pero, ¿quién las crea y por qué? Estas preguntas son las que viene a responder el Derecho Penal Subjetivo.

Qué es el Derecho Penal Subjetivo

El Derecho Penal Subjetivo se ocupa de señalar el sujeto o persona que tiene la facultad y responsabilidad de establecer las normativas sobre la materia Penal, así como darles cumplimiento, ejecutando materialmente las penas que se desenlazan tras la realización de un hecho punible. (O sea, una actuación contraria a derecho, calificable como delito).

Quién las crea

La persona, en este caso, como una “ficción” a efectos del concepto, se denomina Estado, pues es la máxima autoridad en un territorio (Nación) determinado. Sin embargo, esta facultad recae en funcionarios públicos que representan políticamente a la ciudadanía de tal nación.

¿Por qué el Estado? Básicamente, es necesario que exista una autoridad para el mantenimiento del orden. Y si bien, todas las personas somos consideradas humanas “iguales ante la ley”, se hace necesaria la creación de una referencia superior en la cual fijarse, cuando dos intereses de igual valor se enfrentan entre sí.

Ius puniendi

Es así, como surge el llamado ius puniendi, o derecho al castigo, a partir del cual se legitima al Estado la tenencia de la potestad para ejercer fuerza (aplicar penas) sobre quienes cometen delitos.

Esta potestad es de gran importancia a efectos de entender los temas de la Justicia Penal, donde es precisamente, exclusiva al Estado la determinación e imposición de condenas penales mediante sentencias.

Diferencia entre el Derecho Penal Objetivo y el Derecho Penal subjetivo

El Derecho Penal Subjetivo, como se ha dicho refiere a una facultad potestativa, que tiene el Estado, porque se le ha conferido en confianza de los ciudadanos para facilitar y garantizar Justicia ante la realización de un hecho delictivo.

Por su parte el Derecho Objetivo, surge en la necesidad de la creación de las normas para consecución de los fines que se propone el Subjetivo. Es decir, el Derecho Penal Subjetivo es imprescindible para la creación del Derecho Penal Objetivo.

Sin embargo, ambos son estrictamente dependientes entre sí, para el funcionamiento y realización de los fines del Derecho Penal. Esto, porque sin la existencia de delitos, el Estado no puede actuar contra ninguna persona, de ninguna manera.