Interés colectivo y difuso: qué son, diferencias

El interés colectivo y difuso normalmente suelen diferenciarse de la siguiente forma: este ultimo es mucho mas abstracto, no solo para quien lo detenta sino para el obligado, y el primero en cuanto a su naturaleza, es mucho mas concreta para un grupo humano determinado.

La vinculación entre las personas que conforman el grupo surge como consecuencia de la necesidad de reclamar protección del interés o derecho.

Dicho interés colectivo se encuentra radicado en la comunidad y se le denomina difuso en cuanto a que es un interés que sólo se concreta en la medida en que se vea amenazado.

Esta es una diferencia con el derecho colectivo del que se afirma se encuentra previamente concretado en una asociación, cualquiera que ella sea, y que produce el reclamo en cuanto se obtiene la amenaza o el daño.

Respecto al interés o derecho colectivo, y el interés o derecho difuso, la distinción entre unos y otros se basa sólo en la procedencia de la asociación de los afectados o amenazados.

Características

Son características propias de los derechos e intereses colectivos o difusos, las siguientes:

1. Son derechos de solidaridad.

2. Existe una doble titularidad en su ejercicio: individual y colectiva

3. Exigen una labor anticipada de protección ya que no es dable esperar a que se produzca el daño.

4. Son derechos puente entre lo público y lo privado.

5. Exigen nuevos mecanismos de implementación y nuevos sujetos de tal implementación.

6. Son de carácter participativo, pues exigen la definición de los niveles de riesgo permitido dentro de los cuales pueden ejercerse actividades productivas socialmente peligrosas.

7. Tienen carácter de abiertos y conflictivos, pues corresponden a la evolución política y social e implican transformaciones y limitaciones a la libertad de mercado.

Efectos

Uno de los efectos más importantes del reconocimiento de este tipo de intereses se produce en cuanto a la legitimación para acudir al proceso, lo que, además, permite diferenciar entre los intereses colectivos y los difusos.

Así, en la jurisdicción contencioso administrativa, la Sentencia de 31 de mayo de 2006, del Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, enseña que la legitimación es un presupuesto inexcusable del proceso e implica una relación material unívoca entre el sujeto y el objeto de la pretensión.

De tal forma que su anulación produzca automáticamente un efecto positivo (beneficio) o negativo (perjuicio), actual o futuro, pero cierto, que debe repercutir de manera clara y suficiente en la esfera jurídica de quien acude al proceso.

Partiendo de ello se resalta lo siguiente:

1) el interés se reputa que existe siempre que pueda presumirse que la declaración jurídica pretendida coloque a quien acciona en condiciones legales y naturales de conseguir un determinado beneficio material o jurídico o la persistencia de la situación fáctica creada o que pudiera crear el acto administrativo al ocasionar un perjuicio, como resultado inmediato de la resolución dictada,

2) ese interés legítimo, que abarca todo interés que pueda resultar beneficiado con la estimación de la pretensión ejercitada, puede prescindir de las notas de personal y directo y al diferenciar el interés directo y el interés legítimo, éste no sólo es más amplio que aquél, sino que también es autosuficiente, en cuanto presupone que la resolución administrativa o jurisdiccional ha repercutido o puede repercutir, directa o indirectamente, pero de un modo efectivo y acreditado, es decir, no meramente hipotético, potencial y futuro, en la correspondiente esfera jurídica de quien se persona, esto es, verse afectado por el acto o resolución impugnada,

3) la genérica legitimación a favor de corporaciones, asociaciones, sindicatos, grupos de afectados, uniones sin personalidad o patrimonios independientes o autónomos no ampara el puro interés por la legalidad, salvo en los limitados casos de la acción popular,

4) uno de los ejes sobre los que se ha producido la expansión del concepto de la legitimación activa ha sido la acentuación de la idea de los intereses colectivos o de grupo.

Sin embargo, continúa exponiendo el Tribunal Supremo, la ampliación experimentada tiene sus límites y así resulta, en cuanto a los intereses colectivos, cuya diferencia con los intereses difusos -reconocidos por el artículo 7 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial como aptos también para generar un título legitimador- se encuentra en que se residencia en tales entes, asociaciones o corporaciones representativas específicos y determinados intereses colectivos.

A diferencia de éstos, los intereses difusos no tienen depositarios concretos y son intereses generales que, en principio, afectan a todos los ciudadanos y que, por su interés prevalente, han obtenido reconocimiento público, plasmado en algún instrumento, incluso en normas constitucionales, y que no deben confundirse con la legitimación que nace, excepcionalmente, de la acción popular, que corresponde a cualquier ciudadano y que debe ser reconocida expresamente por la Ley o de una acción de alcance general como reconoce la Sentencia del Tribunal Europeo de Derecho Humanos 4/81 de 22 de octubre (asunto Dudgeon contra Reino Unido).