Revisión de Oficio ¿Qué es?

La revisión de oficio es el ejercicio realizado por la Administración para declarar extintos los actos que ella misma dictó. Es decir, al dictar un acto, el mismo organismo que lo dictó a nivel administrativo, puede observar fallos que invalidan el mismo y por ello declararlo extinto.

Viene como consecuencia de su función de autotelarse. Pues la Administración como parte esencial de gobierno y Estado, debe procurar la rectitud y justicia en todos sus actos.

Por supuesto, incluye la revisión de oficio de sus propios actos, asegurando no comprometer innecesariamente los derechos de los administrados.

La revisión de oficio se encuentra actualmente regulada en la Ley 679/2005.

Extinción de actos administrativos por revisión de oficio

Las razones para declarar extinto algún acto a través de revisión de oficio puede ser principalmente el apego a ley, o razones de interés general.

  1. Se declaran extintos algunos actos por considerarse inválidos frente a la ley. Por ejemplo, por cuestiones incumplimiento de las formas, es decir, el seguimiento de procedimientos establecidos en la misma. En este tipo de casos se aplica la anulación del acto por considerar la existencia de vicios en él.
  2. También puede la Administración hacer la revisión de oficio sobre actos que, por atentar con derechos de los administrados, merecen ser revocados. Por ello, a esta decisión se le denomina revocación. De aquí que surgen nuevos criterios a favor del interés general.

Existe además, en el texto legal, una diferenciación entre la nulidad de pleno derecho y anulabilidad.

La anulabilidad es la regla general para todos los actos que infringen el ordenamiento jurídico. La anulabilidad se haya ubicada en la ley 30/1992.

Diferencias entre nulidad de pleno derecho y anulabilidad

  • Los actos nulos, son automáticamente así considerados por la naturaleza de su vicio. Los anulables, responden a una solicitud o ruego.

Así, la nulidad es de carácter automático. La anulabilidad por su parte, es de carácter rogado.

  • Solo son convalidables los actos anulables, según el art. 67.1 de la ley,
  • Puede hacerse la revisión de actos nulos de pleno derecho en todo momento. En cambio, los anulables declarativos de derechos, se recurren en lesividad de los mismos dentro del plazo de 4 años.
  • Resulta más fácil suspender la ejecutividad de los actos nulos de pleno derecho.

Importante:

En la revisión de oficio solamente se invalidan los actos administrativos por defectos de forma, cuando por estos se priva de alcanzar sus fines. O cuando los derechos de los interesados quedan sin defensas.

Así, existen infracciones que no dan lugar a la anulabilidad de los actos. Son llamados “Supuestos de irregularidad no invalidante de actos administrativos”.

Supuestos de irregularidad no invalidante

  • Actos de la administración en tiempos distintos a los estipulados por la ley. En estos casos, debe analizarse:
  1. La existencia de plazo impuesto en la norma.
  2. La necesidad del tiempo, concluyendo en la efectividad del fin del acto al respeto del tiempo.
  3. La responsabilidad del funcionario causante de la demora
  4. La influencia del tiempo sobre el acto debe ser notorio o probados formalmente su influencia sobre el fin del mismo.

Encontrarás más detalles del criterio jurisprudencial donde se restringe la revisión de oficio de anulabilidad por incumplimiento de plazos en las  Sentencias del Tribunal Supremo 12 julio 1972 y 10 mayo 1979.

La convalidación

La convalidación de los actos administrativos anulables es admitida por la ley como. Se trata de cómo la administración subsana (corrige) los vicios que contenga el acto a través de una revisión de oficio. Existen sin embargo, algunas consideraciones previas y exclusiones de la jurisprudencia.

Se considera efectivamente convalidado el acto administrativo desde la fecha del acto convalidatorio. Esto quiere decir que los efectos se producen posteriormente a la fecha y no retroactivamente. Claro, a no ser que la ley dicte la posibilidad de la retroactividad de los efectos del acto con carácter general justificando la eficacia de la retroacción.  

Exclusiones

Se requiere que algunos actos cumplan con la formalidad a priori para ser válidos. Siendo que al ser hechos con posterioridad pierden su utilidad y sentido. (De acuerdo a la Sentencia del Tribunal Supremo en 3 marzo 1979.

Por ejemplo:

  • La omisión de informes o propuestas preceptivas
  • La convalidación en materia sancionadora sobre la omisión del trámite de formulación del pliego de cargos.

La conversión

Es una técnica de la administración donde se transforman los efectos previstos por el autor del acto en otros distintos. Claro, esto no sucede mágicamente y sin requisitos. Se necesita que el acto converso se encuentre dirigido a realizar el mismo fin, cumpliendo a su vez los mismos requisito de forma y fondo.

Exclusiones de la conversión:

  • Cuando el acto en se fuese a convertir el acto viciado, resulte contrario a los propósitos de la autoridad que lo dictó.
  • Cuando los efectos del acto resulten desfavorables para el interesado que los del acto viciado
  • Los vicios sean más graves..
  • Si implica ejercer una potestad que ha sido reglada discrecionalmente.

Convalidación por incompetencia jerárquica

Para lograrlo debes efectuarla a través de la ratificación del órgano superior al que emitió el acto.Si hay falta de autorizaciones administrativas, convalidación debe producirse a posteriori. Además el órgano que otorga la convalidación debe ajustarse a la ley en vigencia.

Incomunicación de la nulidad

Es el principio presente en la revisión de oficio que protege la validez de los actos sucesivos a un acto inválido, cuando resultan independientes entre sí. Es decir, que la nulidad o anulabilidad del primero no afectará a los sucesivos, así tampoco se incluirán las partes de uno al otro acto. Serán consideradas dependientes las partes de un acto administrativo a otro, cuando resulte que la parte viciada resulte de vital importancia para la existencia del otro.

Declaración de nulidad

Nulidad de los actos administrativos. La Administración puede hacer la revisión de oficio, declarando nulo el acto. No obstante, tú como parte interesada puedes solicitar ante la Administración la declaración de nulidad. Es importante que tales actos hayan puesto fin a la vía administrativa, y no haber sido recurridos en plazo del artículo 62.1 LRJAP.

También necesitarás el dictamen favorable del Consejo de Estado o el órgano equivalente de la Comunidad Autónoma.

Actos susceptibles a declaración de nulidad por revisión de oficio:

  • a) Actos que lesionen derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
  • b) Actos dictados por un órgano incompetente por razón de materia o territorio.
  • c) Actos de contenido imposible por ilegalidad, ambiguo o ininteligible.
  • d) Actos constitutivos de infracción penal o dictados como consecuencia de ella.
  • e) Actos dictados prescindiendo del procedimiento o de las normas establecidas para tomar la decisión.
  • f) Actos dictados con infracción de las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.
  • g) Actos  que sea contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieran facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición. 
  • h) Cualquier otro caso que se establezca por Ley. Estos supuestos pueden ser ampliados no sólo por leyes estatales sino también por leyes autonómicas con lo cual será el criterio variable de cada legislador el que marque la frontera entre nulidad de pleno derecho y anulabilidad.

Revisión de oficio: Nulidad de disposiciones administrativas

Las Administraciones Públicas pueden declarar la nulidad de las disposiciones administrativas mediante revisión de oficio, si se cumplen los supuestos previstos en el art. 62.2 de la ley citada.

  •  Las causas o supuestos que determinan la nulidad de pleno derecho de una disposición administrativa:
    • a) La infracción de la constitución.
    • b) La infracción de normas con rango de ley.
    • c) La infracción de disposiciones de rango superior.
    • d) Las disposiciones que regulen materias reservadas a ley.
    • e) Las disposiciones que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.

Supuestos para el establecimiento de indemnización conjunta a la nulidad en una revisión de oficio:

  • Que el daño alegado sea efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.
  • Que las lesiones producidas al particular provengan de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley.

Plazo de caducidad

Si el procedimiento ha iniciado como revisión de oficio el plazo de caducidad es de tres meses sin dictar resoluciones.

Si ha iniciado a solicitud de parte interesada, se desestima la petición por “silencio administrativo”.